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Por Javier Esteinou
Número
51
La reacción
de la vieja alianza político-empresarial
Después de presentarse el 3 de enero del
2005 en el Senado de la República el Proyecto
de Iniciativa de Reforma a la Ley Federal de
Radio y Televisión para su análisis
y evaluación por las Comisiones Unidas
de Comunicaciones, Gobernación y Estudios
Legislativos Para la Reforma de la Ley Federal
de Radio y Televisión; estas introdujeron
el 30 de marzo del 2005 por conducto del Senador
Héctor Guillermo Osuna Jaime, del Partido
Acción Nacional (PAN) y Presidente de
la Comisión de Comunicaciones y Transportes
diversos proyectos opuestos de iniciativas lights
y altamente conservadoras que se concentraron
en la propuesta denominada “Dictamen Sobre
la Iniciativa con Proyecto de Decreto de Reforma
de Ley Federal de Radio y Televisión”1.
A través de dicho nuevo planteamiento
se modificaron o “rasuraron” sustancialmente
los contenidos y el espíritu democrático,
participativo, transparente, plural, equilibrador
y modernizador que contenía el proyecto
original e introdujeron otro distinto con concepción
contra reformadora que fortaleció enfáticamente
los intereses de los grandes monopolios informativos,
particularmente duopólicos de Televisa
y Televisión Azteca, y se olvidó
drásticamente la solución de las
necesidades comunicativas básicas de la
sociedad mexicana que esperan ser resueltas desde
hace 75 años, todavía de forma
pacífica.
Dicho proyecto
contra reformador se caracterizó por haber
modificado, entre otras, las siguientes 20 particularidades
de la propuesta ciudadana original:
1.- Canceló
de los Principios Fundamentales la función
social de los medios electrónicos desvaneciéndola
retóricamente para quedar como simples
declaraciones aspiracionales, sin ninguna posibilidad
de vigilar su cumplimiento2.
2.- Aunque la
propuesta si regula el servicio de radio y televisión,
éste se restringe solamente al ámbito
de la radiodifusión abierta, es decir,
excluye el servicio prestado por la televisión
y audio restringidos que anteriormente si se
incorporaban retomando lo que el propio reglamento
en la materia adjudica como atribución
de la Ley Federal de Radio y Televisión3.
En este sentido, el servicio queda regulado parcialmente
pues ignora que independientemente de la forma
tecnológica a través de la cual
se preste, el público recibe programación
con contenidos, valores, ideas y opiniones, haciendo
que el rápido desarrollo del servicio
restringido juegue un papel progresivamente más
importante como medio de comunicación
masiva en lo hogares mexicanos. Por ello, se
debe exigir que los contenidos de su programación
no queden exentos de regulación, y que,
con las debidas especificaciones que merecen
las características particulares de esta
modalidad, ésta no sea diferente en lo
fundamental de las condiciones que se obliga
a cumplir a los prestadores del servicio radiodifundido4.
3.- Suprimió
de los Principios Fundamentales las
obligaciones a las que deberán sujetarse
y comprometerse los prestadores del servicio
y que en el anteproyecto de dictamen se establecían
como parámetros fundamentales para garantizar
la eficacia y pertinencia del servicio de radiodifusión.
En la nueva propuesta, esas obligaciones que
eran para los operadores, ahora son para la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), y así
se establecen las responsabilidades propias del
Estado y de las obligaciones de la COFETEL, pero
entonces ¿Dónde quedaron las responsabilidades
de los prestadores del servicio?5.
4.- No se establecieron
los criterios a los que deberán sujetarse
los prestadores del servicio de radio y televisión
cuando presten servicios agregados de telecomunicaciones
a través de sus frecuencias.
5.- Desapareció
el Consejo Nacional de Radio y Televisión
como órgano regulador del servicio y se
asigna la totalidad de las tareas que le correspondían
a la COFETEL que, aunque se propone en otro dictamen
su incorporación a la Ley Federal de Telecomunicaciones
(LFT), no considera la totalidad de las atribuciones
y requisitos de idoneidad de los comisionados.
Por otra parte, como un aspecto sumamente riesgoso,
se deja en un Decreto por separado que modifica
la LFT, la “recomposición”
de la COFETEL sujetando las modificaciones sustanciales
del órgano regulador (composición,
atribuciones, límites, características
de su operación, etc) en otra ley, cuyo
dictamen lleva en el Congreso casi 5 años
en espera de su aprobación. El riesgo
que se corre es que todo el esfuerzo por actualizar
en un ordenamiento jurídico moderno y
democrático las reglas del servicio de
radio y televisión, quede en un ordenamiento
que deje en otra ley diferente al órgano
regulador responsable de la vigilancia de la
ley. Un asunto tan fundamental como es el servicio
de radio y televisión requiere de un órgano
regulador especializado que pueda atender las
múltiples normas que se proponen. Sin
embargo, por el contrario el Dictamen las deja
en un órgano meramente técnico6.
6.- Otorgó
facultades de regulación a la COFETEL,
pero su naturaleza jurídica de vinculación
orgánica con el titular del Poder Ejecutivo
Federal quedó exactamente igual al contenido
de la estructura anterior, lo que contradice
los principios de imparcialidad del Consejo de
Europa, el modelo de la organización británica
y el supuesto espíritu de imparcialidad
que se intenta fomentar7.
7.- Eliminó
los ejes fundamentales del Anteproyecto
de la Subcomisión para otorgar las concesiones
que indicaban que habría que realizar
un procedimiento transparente en el cual se debería
de tener en cuenta diversos méritos como
la experiencia, la propuesta de programación
y los compromisos sociales de quienes aspirasen
al privilegio de operar una frecuencia de radio
o televisión. En la contra reforma se
llegó al absurdo de establecer como criterio
único de selección para obtener
una concesión de radiodifusión
la subasta ascendente, esto es, ofrecer el espectro
radioeléctrico al mejor postor económico.
Es decir, otorgar las concesiones de las estaciones
de radio y televisión sólo para
los que tengan mucho dinero. Por consiguiente,
es el dinero el que decide que se transmite y
no los lineamientos del proyecto de comunicación
social8.
8.- Modificó
la duración de las concesiones de 10 años
propuesta en las normatividades anteriores, a
20 años; esto es, más del doble,
por ejemplo, de lo que sucede en Estados Unidos.
Esto refleja indudablemente la práctica
de un sentido proteccionista sobre los intereses
de la industria de la radiodifusión y
no el ejercicio de una voluntad de apego a la
legalidad en un servicio de esta importancia,
ya que si bien en la Propuesta Ciudadana
se formulaba una renovación casi
automática, el establecimiento de periodos
de 10 años, permitía a la autoridad
hacer una revisión del apego a la ley
de aquellos que ya gozan del privilegio de contar
con una frecuencia para prestar el servicio9.
9.- Permitió
que los beneficios que provengan de la incorporación
de mejoras tecnológicas, resultantes de
la liberación de frecuencias del espectro
por la digitalización del ancho de banda
requerido para transmitir por televisión
en los próximos años, que reducirán
por lo menos un 75% del espacio actual de uso,
provocando que por cada frecuencia actual surjan
al menos tres nuevos canales; todo esta ganancia
pase a favorecer solamente a los sectores oligopólicos
actuales, y no se conviertan en una porción
de la reserva de frecuencias del Estado para
volverse a concesionar a otros grupos distintos
de la sociedad que no tienen participación
dentro del radioespectro. Con ello, los concesionarios
privados y no el Estado, serán los beneficiarios
directos de esta convergencia tecnológica,
generándose por razones técnicas
una super privatización y una mega concentración
en menos grupos del espectro radioeléctrico
en todo el ancho de banda10.
La administración
eficiente del espectro, es una responsabilidad
central del Estado nación que no puede
ser interpretada restringiendo posibilidades
para distribuir nuevas frecuencias a otros sectores,
y por lo tanto, reconocer la existencia plural
de nuevos operadores. De lo contrario, los mismos
operadores tradicionales concentrados en muy
pocas opciones seguirán operando mas frecuencias
o servicios agregados, beneficiando sustantivamente
a los que históricamente se han visto
beneficiados con creces por la formación
de los monopolios comunicativos11.
10.- Eliminó
el porcentaje del 35% como límite a la
concentración de frecuencias de un solo
operador en una misma plaza o servicio, dejando
a una entidad discapacitada como es la Comisión
Federal de Comunicaciones (COFECO) la atribución
de determinar casuísticamente las demarcaciones
de este control. Sin la aplicación de
esa disposición de equilibrio y prudencia
empresarial el modelo de los medios electrónicos
en el país experimentará un proceso
creciente de inevitable concentración
monopólica y de concentración desbocada
de sus prácticas informativas, que se
constituirán en ventajas a favor de una
empresa líder que permitirán que
actúe como agente dominante con poder
sustancial sobre el mercado y en perjuicio de
la existencia de otras y del beneficio del público
general12.
11.- Canceló
el reconocimiento de que el Instituto Federal
Electoral (IFE) sea la única autoridad
competente capaz de aprobar la contratación
exclusiva de compra de publicidad electoral y
sólo aceptó para regular éste
proceso las limitaciones establecidas en el Código
Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE)
a los partidos políticos, desperdiciando
la coyuntura política para lograrlo. En
este sentido, se esfumó la oportunidad
histórica de acotar la discrecionalidad
y el abuso en el cobro de las tarifas publicitarias
que generan cuantiosos ingresos para los medios
electrónicos privados, a costa del uso
de los recursos públicos asignados a los
partidos políticos y que han encarecido
notablemente los procesos electorales fundamentalmente
por el concepto de pago de tiempos en radio y
televisión. Así, se canceló
la alternativa de acotarlo desde la misma ley
radiodifusora que regula a quienes venden los
espacios y su avance se dejó confiado
a un cambio muy remoto proveniente de una reforma
futura del COFIPE13.
12.- Anuló
la prohibición a los concesionarios para
cobrar la “tarifa política”
a los partidos políticos y sus candidatos
-varias veces superior a la comercial-, así
como el manejo de tarifas diferenciadas. Con
esto es posible que siga existiendo en los periodos
electorales una “tarifa política”,
distinta a la comercial, para la propaganda de
cada uno de los partidos políticos y sus
postulantes14.
13.- Eliminó
la propuesta para que los permisionarios y medios
públicos puedan comercializar hasta el
7% de su tiempo de transmisión, no para
lucrar con ello, sino para reinvertirlo y favorecer
el mejoramiento de su servicio como medios de
Estado15.
14.- Redujo
el “Tiempo Fiscal y de Estado” de
60 a 30 minutos y mantiene vigente el “Tiempo
Fiscal” conforme al autoritario decreto
presidencial del Presidente Fox del 10 de octubre
de 200216.
15.- Responsabilizó
contradictoriamente a la COFETEL como la instancia
oficial para establecer los criterios y lineamientos
para la clasificación de la programación
y además administrar la transmisión
de los tiempos de Estado, pero sin darle atribuciones
expresas para ello. Tampoco estableció
quién será la autoridad responsable
de la vigilancia de la publicidad, aunque se
interpreta que será la COFETEL, pues es
la autoridad que establece y cobra las sanciones
respectivas. Este planteamiento violenta el espíritu
original de la propuesta ciudadana que busca,
mediante la constitución de un Órgano
regulador plural, generar criterios abiertos
y transparentes para el establecimiento de los
criterios de los contenidos de la radio y la
televisión17.
16.- Anuló
la obligación de incorporar la programación
nacional de 50% a sólo 30% del total de
la transmisión.
17.- Canceló
la obligación de que las cadenas nacionales
de televisión contraten el 20% de su programación
a sectores mexicanos de producción independiente.
18.- Limitó
la cobertura de competencia de la ley únicamente
al ámbito de la radiodifusión abierta,
marginando el servicio proporcionado por la televisión
y audio restringidos. De ésta forma, suprimió
la obligación para las estaciones de televisión
abierta de permitir la retransmisión de
sus señales en los sistemas de televisión
restringida. Al rechazarse el “must carrier”
(obligatoriedad de transmisión simultanea
gratuita), se impidió que la sociedad
ganara el beneficio de mayor cobertura con la
transmisión de la señal abierta,
sin mutilaciones, cambios, ni inserciones de
ninguna especie, obstaculizando alcanzar mayor
ampliación y atractivo comercial para
los anunciantes. La naturaleza comercial de las
estaciones de TV abierta es su gratuidad, el
mismo criterio debe versar en el caso de las
redes de cable, respecto de dichas señales.
De hecho, en el registro de las tarifas se podría
indicar los canales que integran el servicio
de paga, por lo que no se debería incorporar
al cobro las de señal abierta18.
Con ello, quedó
fuera de la ley un sector social cada vez más
importante de la televisión, cuya operación
es normada débilmente sólo por
un reglamento vago. Al no existir la regulación
del servicio restringido, quedó cancelado
el tema de la transmisión de la señal
abierta a través de los canales restringidos,
ni como obligación, como se proponía
en la Iniciativa; ni como un acuerdo
mediante contraprestación. Con ello, no
habrá forma legal para que en las poblaciones
apartadas de la cobertura de las señales
abiertas donde la comunicación no llega;
puedan recibir el servicio por cable, por satélite,
y por lo tanto, continuarán incomunicadas
y asiladas del desarrollo19.
19.- Restringió
de manera absurda y contundente el real Derecho
de Réplica, señalando que éste
no procederá frente a situaciones o informaciones
irrelevantes, o sobre hechos o datos que puedan
ser constitutivas de una acción civil
y/o penal. Frente a ello, nos preguntamos ¿Quién
puede calificar legítimamente si una información
es relevante o irrelevante para el agraviado,
si no es el mismo afectado?20.
20.- Finalmente,
a la propuesta de dictamen básico se agregó
una segunda parte, que resuelve conjuntamente
en dos dictámenes separados y no en un
mismo ordenamiento jurídico la reforma
de la Ley Federal de Radio y Televisión
y el caso de la Ley de Telecomunicaciones. Ante
esto es necesario cuestionar ¿Quién
propuso la creación de la nueva iniciativa
en materia de telecomunicaciones?. ¿Con
base en qué iniciativa?. ¿Qué
intenciones existen para separarlos?21.
En síntesis, la propuesta contra reformadora
destruyó sustancial y desvergonzadamente
el proyecto de avance democrático en los
medios electrónicos que proponía
la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal
de Radio y Televisión, e introdujo
una degradante regresión para apoyar desmedidamente
los intereses de los grandes monopolios tradicionales
de radio y televisión, sin contemplar
el perjuicio que genera al atentar directamente
contra el proceso de transición política
pacifica elegida por la sociedad mexicana el
2 de julio del 2000.
Las
consecuencias sociales
Dentro de la dinámica de lucha y oposición
político jurídica que se gestó
en el terreno comunicativo del 2002 al 2003 para
crear un nuevo marco comunicativo para las industrias
culturales en México, se puede decir que
la aceptación de la nueva contra reforma
sobre la Iniciativa de Reforma a la Ley Federal
de Radio y Televisión, presentada
por el Senador Osuna y otro grupo de legisladores
de extrema derecha reaccionaria, provocará
en los próximos años, entre otras,
las siguientes 32 consecuencias graves en el
terreno político, jurídico, legislativo,
participativo, ciudadano, tecnológico,
electoral, regulación, académico,
empleo, medios públicos, conciencia de
cambio, transición política y reestructuración
del Estado para el desarrollo presente y futuro
comunicativo de la sociedad mexicana :
En el área
política, se produjeron las siguientes
consecuencias:
1.- Se desperdició
una oportunidad histórica muy favorable,
esperada desde hace 5 décadas por la comunidad
nacional, especialmente por el México
Profundo, para modificar, la LFRyTV e impulsar
sustantivamente, por la vía pacífica,
el avance de la democracia en el país.
2.- Con la cancelación
de la Propuesta Ciudadana de Reforma Integral
a la LFRyTV, se regresó al antiguo
y viciado esquema bilateral de negociación
constituido únicamente por el Estado y
los concesionarios para definir el perfil de
la Ley que practicó el viejo régimen
político durante muchas décadas
y que aparentemente había sido superado
el 2 de julio del 2000; y se abandonó
el modelo trilateral básico de gestión
formado por el Estado, los concesionarios y la
sociedad que exige el nuevo México de
la transición pacífica a la democracia,
para darle otra orientación ciudadana
al nuevo pacto social de convivencia comunicativa,
que debe expresar dicha normatividad.
3.- Se desconocieron
las decenas de propuestas específicas
que profesionalmente la academia, los intelectuales,
la sociedad civil, los comunicadores, los indígenas,
las iglesias, los partidos y algunos legisladores
de vanguardia, propusieron durante más
de dos años y medio de trabajo de reflexión,
discusión y movilización que realizó
la sociedad civil desde su participación
en las siete mesas de diálogo organizadas
por la Secretaría de Gobernación
a partir del 5 de marzo del 2001 para realizar
la Reforma Integral de los Medios Electrónicos.
Con ello, se canceló todo el esfuerzo,
la confianza y los acuerdos políticos
que por consenso ya se habían alcanzaron
entre el Estado, los concesionarios y la sociedad;
y se despreciaron las vías del diálogo
y conciliación entre los diversos actores
sociales fundamentales para reformar al Estado
nación en materia comunicacional, premiándose
al viejo autoritarismo del siglo XX en el despertar
de la sociedad mexicana a principios del siglo
XXI.
En el terreno
jurídico, se generarán las siguientes
implicaciones:
4.- Así
como con la Ley Federal de Radio y Televisión
de 1960, el Reglamento de Radiodifusión
de 1973, el Decreto Presidencial sobre
los Tiempos Oficiales del 2002 y el Reglamento
sobre Radio y Televisión del 10 de
octubre del 2002, se elaboraron unilateralmente
para proteger los intereses de los grandes monopolios
de la comunicación electrónica
colectiva del momento; ahora en el 2005, de igual
forma, a través de la nueva contra reforma
a la Iniciativa Ciudadana de Ley Federal
de Radio y Televisión, el Senado
otorgó abiertamente, grandes apoyos legales
para proteger los intereses de los enormes consorcios
radio televisivos, particularmente duopólicos;
y no para apoyar y defender los derechos comunicativos
fundamentales de la sociedad mexicana mayoritaria
que los demanda desde hace 55 años para
poder crecer.
En éste
sentido, se puede afirmar que dicha contra propuesta
fue más un acuerdo jurídico para
impulsar una ley hecha a la medida del sector
monopólico más influyente para
preservar los intereses de la misma y no de la
pequeña industria de la radio y la televisión.
Por consiguiente, no partió de la obtención
de un consenso amplio que recogiera las legítimas
aspiraciones democráticas de la mayoría
de la sociedad expresadas durante mas de tres
décadas en el país para construir
otro modelo de comunicación colectivo
incluyente y no excluyente de las mayorías
nacionales22.
5.- La inserción
de la contra reforma como nueva política
pública reflejó que estamos ante
un enorme retroceso jurídico-político
cuya aplicación beneficiará a unos
cuantos empresarios a costa de la suerte de la
mayoría social; que permitirá que
el mercado defina el proceso de comunicación
colectivo y no la dinámica de sobrevivencia
de los grupos sociales; que promoverá
la negociación bilateral (Estado-concesionarios)
y no la trilateral (Estado-sociedad-concesionarios);
que reforzará la discrecionalidad política
en la administración del espectro radioeléctrico
y no la participación plural e imparcial;
que alentará el modelo concentrador de
los medios privados y la marginación de
los medios públicos; que impedirá
restituir a esta actividad su valor como servicio
publico y que profundizará la relación
oscura y de componendas existente entre el poder
y los concesionarios23.
De ésta
manera, a través de los dos proyectos
de reforma presentados a lo largo de las negociaciones
entre Estado y concesionarios afloró nítidamente
la lucha de dos claros macro proyectos antagónicos
sobre el uso los medios de comunicación
electrónicos en México que se fundan
en distintas concepciones sobre la naturaleza
comunitaria de los canales, sobre el sentido
de la comunicación, sobre el papel del
Estado, sobre la concepción de la democracia,
sobre la participación de la sociedad
en la dinámica comunicativa, y que entran
en lucha por la disputan de la nación
a través del empleo diferenciado de la
radio y la televisión. En éste
sentido, por una parte, destacó sustantivamente
la posición del proyecto privado mercantil
que regido por la lógica del mercado sostiene
que el asunto de la radiodifusión es puramente
una cuestión de negocios y de técnica
que debe estar regida por los procesos autoregulatorios
de la dinámica de la “Mano Invisible
del Mercado” que fija, la “libre
y espontánea”, relación de
oferta y demanda entre productores y consumidores
comunicativos.
Por otra parte,
emergió la posición del proyecto
social regido por la lógica del desarrollo
que defiende que la radio y la televisión,
al utilizar el espacio radioeléctrico
que es un bien público, finito, propiedad
de la nación, ante todo deben ser instrumentos
tecnológicos para el crecimiento comunitario,
la promoción de la cultura, la generación
de ciudadanía, el fomento a la educación,
la protección a los menores, el respaldo
a la identidad, la realización de comunicación
colectiva, la ejecución del servicio público,
el fortalecimiento de la democracia, la creación
de bases mentales civilizatorias para sobrevivir
en sociedades, cada vez más, complejas,
y sobretodo para la humanización de las
personas y no para su alienación. Por
lo tanto, deben estar regidos por los marcos
e intereses del bien común, y la lógica
del desarrollo colectivo equilibrado, representados
por el Estado y sus órganos de gobierno,
a través de la creación de dinámicas,
consensos, normas, leyes y políticas públicas
sociales para lograrlo, y supervisados por la
conciencia de la sociedad civil24.
Dichas posiciones
antagónicas reflejaron sus intereses opuestos
en todo momento al discutir los diversos procesos
de comunicación colectiva nacionales.
Así, por ejemplo, en materia de Derecho
de Réplica, los concesionarios privados
de la comunicación electrónica
indicaron que éste derecho atenta contra
la “libertad de empresa”, pues interrumpe
abruptamente la libertad de programación
y es injusto porque los dueños tienen
que gastar más electricidad para transmitir
los mensajes de las réplicas inconformes
del auditorio. En cambio, el sector social de
la comunicación argumentó que el
Derecho de Réplica es una garantía
comunicativa universal de los ciudadanos, que
es un instrumento de la libertad de expresión
y que es una herramienta jurídica que
tiene el auditorio para defenderse de los abusos,
excesos, marginación e impunidad que,
con frecuencia, practican los emisores monopólicos
de la comunicación electrónica
en nuestro país25.
En materia de
contratación publicitaria de los partidos
y candidatos políticos en los medios electrónicos
en las fases de contiendas electorales, los empresarios
de la radiodifusión señalaron que
un mayor control y fiscalización sobre
los montos de la contratación publicitaria,
les representa una “perdida considerable
de ingresos”. Por contraparte, el sector
social de la comunicación expresó
que esa fiscalización generaría
avances enormes para la transparencia, la legalidad,
la sanidad pública, la equidad de las
campañas electorales, el ahorro importante
de recursos a la sociedad y para la construcción
de la democracia26.
En el campo
legislativo, se causarán las siguientes
secuelas:
6.- Continuará
existiendo en el Poder Legislativo un gravísimo
vicio ético y moral del viejo régimen
político que permitió la existencia
de una Comisión Especializada para
Reformar Integralmente la LFRyTV constituida
por senadores que simultáneamente son
juez y parte, pues al mismo tiempo son concesionarios
de los medios, y al mismo instante son legisladores
en el Congreso en materia de comunicación.
Es inadmisible desde todos los ángulos
de la imparcialidad y ética civilizatoria
que el Congreso de la Unión admita la
existencia de este extremo cínico y corrompido
de la representación ciudadana, pues ¿
Cómo se puede legislar en el Senado imparcial,
sana, desinteresada, moral y sabiamente a favor
de las grandes causas nacionales, si el gran
capital de los monopolios informativos acciona
sus intereses a través de sus representantes
legislativos para bloquear o boicotear las iniciativas
a favor de la sociedad y respalda desmesuradamente
las propuestas de apoyo mega monopólicas
?. La función histórica del Congreso
es fundamentalmente representar y defender los
intereses del pueblo para construir la concordia
comunitaria con equilibrios y no proteger los
requerimientos insaciables de los negocios de
los monopolios, que para defenderse ya cuentan
con su poderosa Cámara de la Industria
de Radio y Televisión (CIRT); mientras
que la sociedad a principios del tercer milenio
todavía no tiene quien la defienda de
los abusos del gran poder mediático.
En el ámbito
de la apertura y participación social,
se originarán las siguientes implicaciones:
7.- Se mantienen
las antiguas condiciones de aplicación
de la práctica de la discrecionalidad
política en la generación, supervisión,
uso y renovación del proceso de la comunicación
electrónica colectiva en el país,
evitando que reine la transparencia, la pluralidad
de opciones, la apertura informativa y la sana
competitividad empresarial en éste terreno.
Ello debido, a que se propone que siga siendo
el Secretario de Comunicaciones y Transportes,
respaldado por el Secretario de Gobernación,
el que detente la facultad de otorgarlas y revocarlas,
sin precisar los criterios y procedimientos a
los que en justicia y equidad debiera sujetarse
cualquier funcionario que tenga a su cargo tan
delicada facultad27.
8.- Prevalecerán
las bases estructurales para que continúe
existiendo por muchas décadas la tendencia
a la super concentración y monopolización
de los sistemas de comunicación electrónica
nacional por un pequeño grupo de empresarios
y la marginación de la mayoría
social para participar en los medios de difusión
colectivos. Con ello, se fortalecieron “los
intereses del duopolio de la televisión
abierta, se desdeñaron los intereses prioritarios
de la sociedad en general y no se respondió
a las necesidades de los pequeños empresarios
de la industria de medios electrónicos
en su conjunto28.
9.- Al establecer
la contra reforma el método de la subasta
pública para obtener una concesión
y no los criterios basados en privilegiar el
proyecto de contenidos, la vocación de
servicio y la experiencia en la práctica
de la radiodifusión por parte del concursante;
se generará una mayor concentración
y corporativización en el sector, debido
a que si se concede al mejor postor, sólo
podrán participar los que cuenten con
muchos recursos económicos y entonces
hasta el narcotráfico podría ser
uno de los grupos que utilicen este sistema para
ejercer su poder. De ésta forma, mediante
la aplicación de éste cínico
mecanismo de selección, el acceso y la
distribución del uso del espectro radioeléctrico
o de una concesión de radio y televisión,
serán para los sectores más poderosos
que cuenten con mayores apoyos económicos,
y no para quién más las necesite
para desarrollarse socialmente. Será entonces
la lógica del dinero la que mande en la
orientación de los futuros proceso de
comunicación colectiva en el país
y no la lógica del crecimiento equilibrado
y sustentable que exigen las grandes comunidades
nacionales.
Con ello, se
pone en riesgo la “diversidad y pluralidad”
que existe, especialmente, en las estaciones
de radio del país, pues afecta principalmente
la sobrevivencia de cerca de 300 pequeños
radiodifusores independientes que conviven con
muchos esfuerzos en nuestra República29.
Así, dentro de ésta tendencia monopolizadora,
en pocos años la industria de la radio
se reducirá de 15 cadenas actuales, ya
muy concentradas, a sólo 4 grandes grupos
monopólicos en el sector30.
Esta propuesta jurídica fue una “joya”
del favoritismo del Senado para proteger los
intereses de Televisa y Televisión Azteca
ya que permitió que ellos puedan contar
con más concesiones en servicios de alta
definición, así como servicios
adicionales gratuitos para los usuarios y marginó
drásticamente el acceso de la sociedad
civil a los medios de información colectivos31.
Para evitar
que se de ésta concentración de
medios, es necesario que existan otros métodos
como el concurso público, con requisitos
y filtros muy claros para que participen las
personas o grupos con auténtica vocación
radiodifusora, especialmente de servicio público.
10.- Con el
incremento de los monopolios comunicativos se
evitarán la existencia de otros grupos
rivales que desafíen su poder económico
y comercial, y mediante ello, se evitará
la competencia comunicativa que impedirá
la respectiva elevación de la calidad
de los contenidos informativos y culturales.
De esta forma, los monopolios continuarán
operando dentro de un esquema unilateral y desigual,
pues mientras éstos le exigen al gobierno
que les permita manejara a la sociedad con los
criterios libres de la lógica del mercado,
al mismo tiempo, éstos no permiten que
ellos mismos funcionen en base dicha lógica
del mercado que introduce necesariamente la competencia,
pues funcionan bajo el esquema monopólico
que evita la apertura y la competitividad.
11.- El proceso
de concentración creciente de concesiones
por un mismo grupo producirá, entre otras,
las siguientes tres consecuencias: Primero, la
mayoría de las concesiones seguirán
siendo acaparados por unas cuantas empresas,
en detrimento de la diversidad de opciones comunicacionales
a que tiene derecho el resto de la sociedad mexicana.
En segundo lugar, los medios se comportarán
socialmente como simples empresas económicas
incontrolables que marginarán su función
de interés público. Y finalmente,
en tercer vulgar, la falta de límites
a la concentración monopólica evitará
que el Derecho a la Información se pueda
realizar por parte de los ciudadanos32.
En el territorio
de los derechos ciudadanos, se acarrearon los
siguientes resultados:
12.- No se reconocieron
los derechos comunicativos básicos del
auditorio que son uno de los fundamentos de la
modernidad del mundo contemporáneo avanzado,
como son la existencia del Derecho a la Libertad
de Expresión, el Derecho a la Participación
Comunicativa, el Derecho de Réplica y
el Derecho a la Información. No se aceptó
el Derecho de Libertad de Expresión, pues
los grandes sectores sociales, siguen sin el
acceso a las tecnologías comunicativas
para poderse expresarse vía los medios
de información electrónicos. No
se autorizó el Derecho a la Comunicación,
pues las comunidades no pueden difundir sus necesidades
a través de las industrias culturales.
No se incorporó un auténtico Derecho
de Réplica, pues se permitió que
continúe operando el viejo Derecho de
Réplica introducido con el Reglamento
del 10 de octubre del 2002, que no es otra realidad
que la existencia del derecho a difamar o dañar
a terceros, pero documentadamente. Y finalmente,
no se aceptó el Derecho a la Información,
pues el Estado no avanzó en la materialización
de los instrumentos para que la mayoría
de la población se pueda informar equilibradamente,
a través de los canales de difusión
masivos.
En relación
a los medios de comunicación del Estado
y los medios comunitarios, estos sufrirán
las siguientes implicaciones:
13.- Con la
cancelación de la autorización
para la comercialización de los productos
informativos de los medios de Estado, éstos
permanecerán en situación de miseria
o agonía institucional por las extremas
limitaciones financieras a que se enfrentarán,
quedando como entidades culturales marginadas
que no podrán cumplir eficientemente con
las funciones de servicio público que
les corresponden ejercer socialmente. Con ello,
el espacio público no podrá ser
poblado sustantivamente con la riqueza que aportan
los medios de Estado y crecientemente éste
nuevo espacio virtual de interacción colectiva
construido por las industrias culturales quedará
dominado por la propuesta avallasadora del mercado,
que es el proyecto de reproducción cultural
del gran capital a escala planetaria y no del
crecimiento social.
14.- Indirectamente
se mantiene la marginalidad en el otorgamiento
de los permisos legales para los medios radiofónicos
comunitarios o públicos, pues será
mas difícil tener acceso a ellos y conservarlos
legalmente, ya que la autoridad reclama cumplir
con requisitos excesivos para la autorización
de su operación como es la entrega de
una fuerte "garantía económica"
para asegurar su funcionamiento, lo cuál
encarecerá y dificultará su operación
al ser condicionados financieramente de ésta
forma33.
En el cuanto
a la convergencia tecnológica y el cambio
comunicacional, surgirán las siguientes
implicaciones:
15.- Con la
aceptación de la contra reforma comunicacional,
el rescate o la liberación del espectro
radioeléctrico generado por el fenómeno
de la convergencia tecnológica y su correspondiente
cambio material de la infraestructura radioeléctrica,
no se dará a favor del Estado; sino al
contrario, nuevamente será en beneficio
de los concesionarios de los medios de información
electrónica. Mediante ello, se reforzará
todavía más, en proporciones desmesuradas,
la tendencia a la super concentración
comunicativa, vertical y horizontal, de los actuales
sectores empresariales de la comunicación,
especialmente monopólicos, y al silenciamiento
de la sociedad para participar en el nuevo espacio
público mediático. La realización
de dicha contra reforma creará las condiciones
de la mayor monopolización comunicativa
como nunca se ha dado en toda la historia de
México y del mundo moderno, en detrimento
de la apertura equilibrada del sistema de radiodifusión
nacional y de su correspondiente transición
política del conjunto social a la democracia.
16.- Al existir
menos competencia radiotelevisiva por la creciente
tendencia concentradora de los medios monopólicos,
la calidad de los contenidos de los mensajes
se degradarán, pues no existirán
otras opciones en contienda que presionen para
la superación cultural de sus competidores.
Con esto, las inteligencias de la sociedad mexicana
recibirán progresivamente una cultura
cotidiana más pobre y decadente, que alimentará
el reinado riguroso de la Cultura Idiota
en la República.
Mediante ello,
se impulsará ampliamente el modelo de
comunicación de la Cultura Idiota que
nos encadena a una visión de la vida materialista,
consumista, light, hedonista, frívola,
inmediatista, adrenalínica, que ocasiona
la evasión de la realidad, la desnaturalización
de la política, la espectacularización
de la existencia, el vacío del sentido
de la vida y que impide la evolución del
conocimiento humano hacia otras fases superiores
de la conciencia impidiendo nuestro crecimiento
armónico como sociedad.
En cuanto a
la regulación electoral, se producirán
los siguientes derivaciones:
17.- Al eliminarse
la facultad para que el Instituto Federal Electoral
(IFE) sea la única entidad autorizada
oficialmente para contratar con televisoras y
radiodifusoras los spots de la propaganda de
los partidos y sus candidatos durante las contiendas
electorales, los aspirantes presidenciales serán
presionados por las tarifas y modalidades publicitarias
diferenciadas que les impondrán los concesionarios.
Por ejemplo, el PRI ha sido beneficiado históricamente
con los descuentos de televisoras y radiodifusoras
cuando se contrata la propaganda política
(tarifa diferenciada) y otros partidos han tenido
que pagar un sobreprecio del 500 % o 600 % sobre
el precio comercial base (tarifa política)34.
Incluso, se
puede decir que con este enorme mecanismo de
persuasión y presión del gran poder
mediático sobre el poder político,
los consorcios de la radiodifusión serán
las instituciones que, que, cada vez más,
definan quiénes serán los próximos
presidentes, gobernadores, secretarios de Estado,
presidentes municipales y figuras públicas
de nuestra República35.
Con ello, se reforzó sobresalientemente
el dominio de la dinámica política
de la Telearquía en México,
por sobre el proceso democrático de participación
colectiva de las mayorías nacionales.
18.- Se fortaleció
superlativamente el modelo económico monopólico
nacional de la radio y televisión costeado,
en un alto grado, por el presupuesto público,
pues permite que dichas empresas sigan siendo
sustancialmente financiadas discrecionalmente,
en los periodos electorales, con los recursos
que se destinan por los partidos políticos
para promover a sus candidatos electorales en
tiempos de contiendas públicas. Por ejemplo,
dicha normatividad permitió que para las
elecciones presidenciales y legislativas del
2006 la radio y la televisión recibieran
directamente más de 3,000 millones de
pesos del gasto público destinado al financiamiento
propagandístico de los principales partidos
en contienda. Sin embargo, paradójicamente
a que la sociedad mexicana financia el funcionamiento
monopólico de dichas industrias, vía
ésta modalidad y otras formas de subvención,
el sector monopólico de la comunicación
se opone a reconocer los derechos ciudadanos
comunicativos elementales que le corresponden
a la comunidad nacional y a que el Estado permita
que los medios de comunicación de servicio
público comercialicen sus productos informativos
para autofinanciarse parcialmente36.
En el ámbito
de la regulación, se formaron las siguientes
consecuencias.
19.- La dinámica
de la comunicación colectiva en México,
vía las industrias electrónicas
de la información masiva, quedó
regulada por la lógica de la Mano Invisible
del mercado comunicacional y no por la lógica
de las políticas planificadoras de Estado
nación. Con ello, a nivel superestructural
se crearon condiciones crecientemente más
propicias para contar en el terreno comunicativo
con más mercado salvaje y menos Estado
rector de la comunicación en el espacio
público.
20.- Con la
enorme concentración progresiva de poder
horizontal y vertical que ya poseen los medios
y que refuerza sólidamente la nueva contra
propuesta de ley, éstos se convertirán,
cada vez más, en mega empresas electrónicas
enemigas frontales de la democracia, y no en
sus aliados; pues diseñarán un
modelo de país para satisfacer los requerimientos
del mercado y no para realizar el crecimiento
autosustentable de los habitantes, que es la
única vía que nos puede permitir
sobrevivir con equilibrio social. Así,
el poder concentrador de los medios que controlan
el 80 % de las concesiones seguirá siendo
el principal peligro para la democracia, pues
en cualquier momento, se unen y le imponen al
Estado y a la sociedad mexicana una realidad
virtual opuesta a la realidad.
Por ello, no
obstante que estamos en el camino histórico
de la transición política, en las
próximas décadas presenciaremos
en nuestra nación el surgimiento creciente
de mayor Mediocracia o Telecracia,
y no democracia participativa.
En el rubro
de la reestructuración y soberanía
del Estado Mexicano se crearon los siguientes
efectos:
21.- Con este
cambio normativo se comprobó que los poderes
fácticos cotidianos de los monopolios
informativos actúan contra la democracia
y que la rectoría comunicativa de la sociedad
mexicana ya no reside en el Estado, sino en las
grandes fuerzas mediáticas que impulsan
las industrias culturales para subordinar al
Estado y a los poderes públicos de la
nación constituidos formalmente37.
22.- Debido
a la concentración desmesurada del poder
mediático que se acentuó con ésta
contra reforma, cada vez más, la clase
política, conformada por el Presidente,
los ministros de Estado, los diputados, los senadores,
los oficiales mayores, los jueces, las cabezas
municipales, los partidos políticos, etc,
quedarán arrinconados o arrodillados ante
el poder de los dueños de las televisoras
y radiodifusoras y tendrán que aceptar
su voluntad, caprichos, amenazas y humillaciones
para seguir existiendo en sus cargos públicos38.
En cuanto a
la rectoría del Estado mexicano, se propiciarán
las siguientes tendencias:
23.- Con la
acumulación de éstas macro tendencias
comunicacionales el Estado mexicano y sus órganos
de gobierno, progresivamente, serán más
reconfigurados o hasta substituidos por el poder
mediático y sus intereses oligopólicos
para recolocarse como una simple instancia administrativa
o gerencial de los intereses del gran poder de
las industrias culturales. Con ello, gradualmente
quedan situados los cimientos para el debilitamiento
progresivo de la rectoría del Estado nación
en el espacio público comunicativo hasta
llegar a consolidar la fórmula salvaje
del Estado-Cero, donde la dinámica
y los proyectos sociales se deciden por los intereses
de las leyes de la Mano Invisible del Mercado
y no por la acción conductora y planificadora
del Estado Nación para resolver las necesidades
de existencia de las comunidades.
En el campo
de la conciencia de cambio político, se
registraron las siguientes implicaciones:
24.- Paralelamente
a la imposición de la contra reforma comunicacional,
se constató que en el país todavía
no existe una conciencia madura en los partidos
políticos, los órganos de articulación
de la sociedad civil, los sindicatos, las escuelas
de comunicación, etc. que demanden con
suficiente fuerza política el cambio profundo
en la estructura de los medios de difusión
electrónicos. La exigencia real de transformación
sigue siendo preocupación de un pequeño
grupo pionero muy despierto ideológicamente
que lleva el liderazgo político, conceptual
y moral, pero que no ha podido crear un movimiento
político mayor para enfrentarse a la gigantesca
capacidad desmovilizadora, saturadora, difamadora,
bloqueadora e hipnotizadora que despliega el
poder mediático privado.
25.- Asombrosamente,
después de haberse abortado en el Congreso
de la Unión éste proceso legislativo
de apertura comunicativa, los sectores más
críticos de la opinión pública,
las escuelas de comunicación, la ciudadanía
organizada y el resto de la sociedad civil también
entraron en una fase de inconciencia mediante
la práctica del olvido generalizado que
abandonó el impulso político del
tema y se dispersaron en el seguimiento de diversos
tópicos coyunturales fragmentados que
impuso la agenda pública mediática
nacional, como fueron la muerte del Papá
Juan Pablo II y la elección del nuevo
jerarca religioso, el encuentro de fútbol
América-Guadalajara, la elección
de los candidatos internos de cada partido para
la elección presidencial del 2006, los
cambios drásticos en el aumento de calor
en todo el territorio mexicano, los espectaculares
golpes violentos del narcotráfico en todo
el país, la elección final del
joven cantante ganador de La Academia, las discusiones
entre el gobierno de México y EUA sobre
la edición de la figura de Memin Pingüin
en una estampilla postal conmemorativa, las desastrosas
consecuencias generadas por los huracanes en
Chiapas y en Can Cún, etc.
En el territorio
académico, se localizan las siguientes
realidades:
26.- La academia
de la comunicación, reflejó, una
vez más, que éste gremio profesional,
que es el sector especializado para analizar
y modificar ésta realidad, no cuenta con
una agenda nacional propia de temas centrales
de investigación y discusión estratégicos
que respondan a las necesidades prioritarias
del crecimiento del país, sino que al
igual que otros sectores sociales desarticulados
también funciona al garete caprichoso
de los reactivos lights, coyunturales o novedosos
que fijan las prioridades de las industrias mediáticas
y no del registro prioritario de los problemas
medulares que debemos encarar comunicativamente
para sobrevivir39.
En materia de
transición política, se demostraron
las siguientes inclinaciones:
27.- Debido
a la aplicación de la contra reforma comunicacional
en México, no prosperó la nueva
Iniciativa Ciudadana de Reforma a la Ley
Federal de Radio y Televisión, y
por consiguiente continuarán vigentes
para los próximos años los mismos
marcos de la actual LFRyTV anacrónica
y viciada de 1960 y su último Reglamento
del 10 de octubre del 2002. Con la permanencia
de los parámetros jurídicos actuales,
la expansión monopólica de las
industrias mediáticas y de su poder despótico
no tendrá límites de contención,
ni forma de ser regulado. Con ello. tendremos
cada vez mas el dominio de la propuesta del gran
capital y de sus herramientas del mercado sobre
el territorio del espacio publico, con su consecuente
generación del super triunfo de la Cultura
Idiota con sus consecuencias de cultura autoritaria
en el país.
28.- Se comprobó
que la sociedad mexicana de inicios del siglo
XXI, después de haber transitado por un
ligero proceso de cambio a la democracia, todavía
no cuenta con una clase política mayoritaria
comprometida y capacitada para transformar el
viejo sistema de comunicación nacional,
sino al contrario es un sector político
que como en el pasado continúa protegiendo
los grandes intereses de los sectores monopólicos
de la información. En éste sentido,
se puede decir que, salvo una minoría
muy honrosa, la mayoría de los legisladores
han actuado en el Poder Legislativo como representantes
de los medios y no de la sociedad, como empleados
de los barones del poder de la televisión,
como su asalariados y no como representantes
y defensores de los requerimientos de una sociedad
que desde hace varias décadas demanda
su derecho elemental a comunicarse a través
de las tecnologías de difusión
colectivas40.
29.- Se evidenció
que en el México del siglo XXI no existe
voluntad de cambio en la cúpula del poder
político en esta materia, pues se regresó
al antiguo esquema de comunicación excluyente
practicado por el viejo régimen político,
en el que la sociedad no quedó representada
para crear otro modelo de comunicación
colectivo que nos permita sobrevivir equilibradamente;
sino que se continuó privilegiando el
modelo de comunicación de mercado, generador
colectivo de la bárbara mentalidad salvaje,
con su correspondiente triunfo de la Cultura
Idiota que permanentemente se acentúa
más en nuestra nación y crea las
bases de su hundimiento.
30.- Esta realidad
política corroboró, una vez más,
que en materia comunicacional si existe transición
política en el país, pero no es
la transición pacífica a la democracia
participativa; sino es el cambio creciente a
la super concentración y monopolización
comunicativa, que excluye y amordaza a la población
para participar en el nuevo espacio público
mediático colectivo. En otros términos,
aunque desde el año 2000 existe en la
sociedad mexicana una débil transición
política a la democracia que ha atravesado
fundamentalmente la transformación de
las estructuras electorales, el cambio del Poder
Legislativo, la modificación del Poder
Ejecutivo, la mutación del Poder Judicial,
la evolución de los partidos políticos,
la seudo transparencia gubernamental, etc; en
términos comunicativos, no ha existido
una transición a la democracia, puesto
que éste proceso no ha penetrado sustantivamente
la transformación de los viejos sistemas
de los medios electrónicos de información
colectivos, ahora disfrazados de modernos. Así,
estos continúan funcionando dentro del
esquema concentrador, vertical, autoritario,
discrecional, hermético, monopólico,
elitista, anti ético, desigual, no ciudadano,
etc, opuesto al proceso de apertura, horizontalidad,
pluralidad, moralidad, participación,
equilibrio, igualdad, etc, que exige el nuevo
proceso de comunicación democrática.
Los espacios
contados de “apertura” o “avance
democrático” que se han dado en
el modelo dominante de medios electrónicos,
como han sido la introducción de los programas
de debate, la inclusión de la discusión
de otros temas antes vedados, los análisis
críticos de coyuntura, la creación
de algunos medios ciudadanos, etc, han sido excepciones
informativas muy contadas que no han sido suficientemente
sólidos para marcar un cambio de tendencia
estructural del viejo modelo de comunicación
autoritario en el país.
31.- Con el refuerzo del modelo de radiodifusión
hermética e impermeable a la participación
civil que se instalaron con esta nueva contra
reforma jurídica, se establecieron las
bases para crear una sociedad más salvaje
que desata la violencia social por encontrarse
las comunidades imposibilitadas o acorraladas
para actuar comunicativamente vía las
industrias culturales. Esto debido a que los
postulados de la ecuación sistémica
de regulación político cultural
cotidiana de la sociedad mexicana, formulan,
que a menor participación de los grupos
sociales en el espacio público mediático
que construyen los medios, mayor toma de calles,
carreteras, avenidas, instituciones, ruptura
institucional, conflictos de gobernabilidad,
violencia, etc; y a mayor participación
de las diversas comunidades en la nueva plaza
pública electrónica de las industrias
culturales, menor apoderamiento de los espacios
públicos por la población y presencia
creciente de mayor creación de consensos,
equilibrios y paz social, pues la población
puede exponer públicamente a la colectividad,
vía las tecnologías informativas,
sus necesidades e intereses para que sean considerados
y solucionados.
Finalmente,
en cuanto al futuro empleo de los comunicadores,
se generarán las siguientes consecuencias:
32.- Con la
aplicación de la contra reforma seguirán
existiendo los monopolios comunicativos que en
lugar de contratar mas profesionales de la comunicación,
restringirán crecientemente su empleo,
pues la dinámica de los monopolios para
ser “eficientes” es la contratación
de poco personal, la incorporación de
tecnología de punta, la reducción
de los salarios y evitar la competencia. Con
ello, mientras exista la estructura concentradora
de medios los 60,000 estudiantes de las 362 escuelas
de comunicación del país41,
tendrán un futuro poco promisorio pues
la mayoría no contará con empelo,
ni alternativas profesionales para desarrollarse
en el campo de la comunicación nacional.
Con el despliegue
de todo éste enorme esfuerzo contra reformador
la fuerza histórica y de representación
nacional del Poder Legislativo fue substituido
por el poder fáctico de la Cámara
de la Industria de Radio y Televisión
(CIRT) para elaborar dichos marcos normativos
y reformar al Estado mexicano en materia comunicativa
favoreciendo a los tradicionales monopolios informativos
y marginando a la sociedad que todavía
espera con buena fe y actitud pacífica
desde hace más de 4 décadas esta
oportunidad para el avance elemental de sus derechos
comunicativos.
En síntesis,
los nuevos ejes normativos sobre radio y TV que
introdujo la contra reforma comunicativa, conservaron,
reforzaron y actualizaron disfrazadamente para
las próximas décadas el viejo macro
modelo de información colectiva que ha
durado 45 años en el país y que
contribuyó a crear la tremenda decadencia
mental, emocional, psíquica y espiritual
de nuestra sociedad, colaborando a generar las
fuertes crisis políticas de años
anteriores. Debido e ello, con la renovación
maquillada del viejo modelo de comunicación
continuaremos teniendo para los próximos
sexenios de gobierno, más cultura salvaje,
con su respectivo triunfo de la Cultura Idiota,
y no la creación de una cultura y comunicación
sustentables que nos permitan sobrevivir armónicamente
en nuestra República en el siglo XXI.
Así, el tercer milenio mexicano volvió
a nacer con el viejo espíritu opaco, discrecional,
monopólico, cerrado, concentrador, vertical,
viciado, frívolo y autoritario del arcaico
modelo de comunicación mercantil que dominó
en las últimas décadas del siglo
XX en México y sigue sin la existencia
de un nuevo modelo de comunicación autosustentable
para la sobrevivencia social de nuestra sociedad.
Los
avances históricos
La
lucha histórica emprendida en México
por ciudadanos, intelectuales, académicos,
organizaciones culturales, sindicatos, partidos
políticos, iglesias, legisladores de avanzada,
etc, a lo largo de más de 30 años,
no ha logrado todavía que se haya cristalizado
la elaboración de una nueva Ley Federal
de Radio y Televisión (LFRyTV) con sentido
social a principios del siglo XXI. Sin embargo,
se puede decir que no obstante éste objetivo
global frustrado en el país, si se han
conquistado los siguientes 15 aspectos sociales
importantes:
1.- El despertar
histórico de la sociedad mexicana sobre
ésta problemática relegada durante
varias décadas, provocó que, cada
vez más, exista en todo el país
una mayor masa de pensamiento crítico
que discute públicamente en casi todas
las arenas públicas la transformación
del papel de los medios de información
colectivos. En éste sentido, se cuenta
con un consenso crecientemente extenso que reconoce
la necesidad de efectuar la reforma estructural
del modelo de comunicación nacional. Esta
realidad se respalda, cada vez más, en
el movimiento democratizador internacional que
existe sobre los medios, que enfatiza que el
cambio y el acceso plural a los canales colectivos
de información electrónica es un
derecho ciudadano y no una dádiva del
poder.
2.- La toma
de conciencia de ésta problemática
ha evolucionado progresivamente en México
del ámbito restringido de la discusión
aislada de los intelectuales que existió
en los años 60s, a la prensa en los 70s,
a las organizaciones sociales en los 80s, y a
los partidos políticos en los 90s; para
posicionarse ahora en el 2000 con los legisladores
del Congreso de la Unión, especialmente
del Senado de la República.
3.- La decisión
sobre la naturaleza y destino político
de ésta reforma se desplazó de
los ámbitos discrecionales del Poder Ejecutivo,
de la Secretaría de Gobernación
y de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes que definían como debían
de ser las nuevas leyes de la radiodifusión
nacional y sus reglamentos respectivos; al terreno
del Poder Legislativo que discute en la Cámara
de Diputados y en la Cámara de Senadores
la esencia de ésta realidad. La última
excepción legislativa donde todavía
privó el viejo esquema viciado y discrecional
fue la aprobación del Reglamento de
Radio y Televisión y el Decreto
Presidencial sobre los Tiempos Fiscales del Estado
del 10 de octubre del 2002 los concesionarios
elaboraron en la CIRT y se la impusieron al Poder
Ejecutivo.
4.- La problemática
de la reforma legal de los medios de información
y la construcción de un nuevo modelo de
comunicación colectivo, ahora está
posicionado en la agenda nacional como un problema
político colectivo que, tarde o temprano,
deberá ser encarado definitivamente por
los gobiernos en turno.
5.- A diferencia
del pasado el problema de la reforma jurídica
integral del marco normativo de los medios electrónicos,
ahora forma parte paulatinamente, en mayor o
menor grado, de los programas de trabajo de casi
todos los partidos políticos.
6.- Los partidos
políticos no han retomado dicha inquietud
como un punto más de sus deliberaciones
partidistas; sino que han incorporado esta problemática
dentro del esqueleto de la principal agenda legislativa
que es la Reforma Integral del Estado Mexicano.
7.- A diferencia
del pasado cuando los legisladores no tenían
idea clara de cómo abordar la reforma
a la LFRyTV, ahora los legisladores miembros
de las Comisiones de Reforma a la Ley están
bien informados sobre los problemas que se deben
legislar, las prioridades políticas que
existen, las alternativas jurídicas como
vías adecuadas para alcanzarlos y los
apoyos políticos sociales con los que
se cuentan para lograrlo42.
8.- La sociedad
civil gradualmente ha hecho suyo dicho desafío
a través de su participación constante
en diversos foros y con la presentación
de distintas propuestas especializadas en la
materia, una de cuyas más maduras fue
la base conceptual para que el Senado de la República
presentara con perspectiva ciudadana en enero
del 2005 la Iniciativa de Proyecto de Reforma
Integral a la Ley Federal de Radio y Televisión.
9.- Aunque al final de los procesos de negociación
entre el Estado, los propietarios y los sectores
ciudadanos, siempre se han violado los acuerdos
consensuados sobre la materia por parte del gobierno
y los concesionarios, a diferencia de la décadas
anteriores donde se dieron monólogos,
entre los críticos, el Estado y los concesionarios;
ahora en el 2000 se logró convocar a todos
los sectores intelectuales, sindicales, iglesias,
radios comunitarias, académicos, sociedad
civil, partidos políticos, Estado y concesionarios
para abiertamente plantear distintas propuestas
y discutirlas conjuntamente.
10.- Cada vez
más se amplia en el país la nueva
cultura político comunicativa como herencia
elemental de la apertura y la modernidad que
demanda el reconocimiento jurídico, operativo
y público, por parte del Estado y de los
concesionarios, de los derechos ciudadanos comunicativos
básicos como son el Derecho a la Libertad
de Expresión, el Derecho a Comunicar,
el Derecho a la Información, el Derecho
Civil a la Participación en el Proceso
de Comunicación Colectiva y el Derecho
de Réplica.
11.- A diferencia
de las décadas anteriores en las que la
Cámara de la Industria de Radio y Televisión
(CIRT) se opuso tajantemente a la discusión
abierta de la reforma a la radiodifusión,
en el año 2005 la CIRT si aceptó,
a última hora, que se discutiera públicamente
en el Senado de la República entre las
partes involucradas los proyectos para cambiar
la Ley, quedando pendiente definir que cambios
se modificaban, en que sentido, y cuáles
no.
12.- Ha sido
un gran avance político el que por primera
vez la sociedad civil presentara su propia
Iniciativa Ciudadana de Reforma Integral de la
Ley Federal de Radio y Televisión y
ésta haya sido retomada formalmente por
el Senado de la República para presentarla
al pleno del mismo con un dictamen legislativo
preciso para discutirla públicamente entre
todas las fracciones parlamentarias.
13.- Aunque
paradójicamente la reforma de los medios
de comunicación es la reforma estructural
que cuenta con menos medios para difundirse en
México, especialmente, en los canales
electrónicos, la prensa e Internet se
ha convertido en la caja de resonancia y ampliación
de dicha inquietud nacional. La única
excepción de canales electrónicos
que si ha dado a conocer públicamente
éstos debates es el Canal del Televisión
del Congreso de la Unión, la Visión
del Diálogo, que transmitió integras
todas las discusiones del proceso legislativo
en materia de reforma comunicacional que se gestaron
en el Senado de la República y en otros
debates políticos que se produjeron sobre
la misma.
14.- A diferencia
de épocas anteriores donde no se contaba
con una propuesta integral para transformar jurídicamente
a los medios de información electrónicos
en México, ahora la sociedad mexicana
ya cuenta con un proyecto social alternativo
claro y estructurado elaborado por la sociedad
civil y legisladores avanzados, que sirve como
guía para seguir trabajando política
e intelectualmente en los próximos años
en esta dirección para construir nuevas
estrategias públicas sobre el cambio de
los medios, hasta conquistar sus objetivos democratizadores
elementales.
15.- Finalmente,
progresivamente la opinión pública
está más conciente de quienes son
los partidos y cuáles los legisladores
que apoyan o impiden la reforma integral de los
medios electrónicos y en que argumentos
se basan para ello. Esto permite saber a las
comunidades a que diputados o senadores se debe
apoyar y a quienes no con el voto ciudadano y
otras acciones civiles.
¿Qué
hacer para continuar impulsado en cambio comunicativo
No obstante que con la aceptación de la
contra reforma comunicacional se renovó
maquilladamente la actuación del viejo
modelo de comunicación colectiva en nuestro
país, es necesario que para avanzar en
la transformación del mismo en los próximos
años, se ejecuten, entre otras, las siguientes
10 acciones de cambio comunicativo:
1.- Se requiere
que los grupos que han impulsado la reforma jurídica
del modelo de comunicación electrónica
en México, sigan aportando por todos los
medios de difusión estudios, diagnósticos,
propuestas, demandas, etc. que contribuyan a
continuar formando una conciencia crítica
sobre esta realidad, con el fin de llegar a acumular
el pensamiento crítico necesario que genere
un salto cuántico en la mentalidad y la
sensibilidad colectiva de la comunidad nacional
frente a ésta realidad. Esto permitirá
contar con mejores bases conceptuales colectivas
para lograr el cambio comunicativo.
2.- Para evitar
la frustración y desperdicio de los esfuerzos
anteriores que han luchado desde hace 30 años
por el cambio comunicacional en México,
es necesario ubicar culturalmente en el espacio
público dichas luchas como los movimientos
precursores que lograron crean los fundamentos
político conceptuales para avanzar en
el proceso de transformación del sistema
de comunicación electrónica nacional.
Dichos esfuerzos pioneros, tarde o temprano,
rendirán frutos, pues van en la línea
del cambio democrático internacional que
en materia comunicativa se está dando
en todo el mundo.
Es pertinente
considerar que si hasta el momento en la fase
actual del cambio político nacional no
se han podido vencer los intereses duopólicos
y oligopólicos de los medios privados
para contar con un nuevo modelo comunicacional,
no significa que no se podrán transformar
en el futuro.
3.- Es necesario
trabajar las futuras reformas legales con estrategias
gradualistas de aproximaciones sucesivas, que
consisten en negociar en cada propuesta sólo
algunos aspectos básicos, para que el
cambio jurídico se logre, área
por área, poco a poco, y no en bloque
completo, pues hace más conflictiva su
aceptación política de cambio global43.
4.- Se debe
conseguir la fuerza y el apoyo de los medios
públicos para impulsar públicamente
la reforma comunicacional y no sólo respaldarse
en los mermados recursos de la sociedad civil.
5.- Promover
el apoyo de todas las escuelas de comunicación
del país para que desde la docencia e
investigación se impulse, conceptual y
prácticamente, esta reforma estructural
del Estado mexicano.
6.- Crear un
Observatorio Intelectual para supervisar permanentemente
desde la academia y la sociedad civil el comportamiento
legislativo de los diputados y los senadores
miembros de las Comisiones de Reforma de
la Ley Federal de Radio y Televisión para
dar a conocer a la opinión pública
sus argumentos, posiciones y comportamientos,
a favor y en contra de las reformas comunicativas
de trascendencia nacional.
7.- Analizar
sistemáticamente, desde las escuelas de
comunicación y los centros de investigación
en comunicación social, el cumplimiento
o no de la responsabilidad jurídica, programática,
administrativa de los medios señalada
en la LFRyTV, los códigos de ética
de las radiodifusoras y los códigos deontológicos
de los profesionales y dar a conocer los resultados
alcanzados ante la opinión pública,
vía la prensa e Internet.
8.- Aplicar
el gran poder desaprovechado que tiene la sociedad
de organizarse en redes ciudadanas para protestar
formalmente ante los concesionarios de radio
y televisión y los órganos responsables
del gobierno, para que modifiquen la programación
que viole la LFRyTV o en su defecto la comunidad
de espectadores dejará de comprar aquellos
productos que patrocinen dichos mensajes.
9.- Alimentar
constantemente el espacio publico con diagnósticos,
investigaciones y reflexiones académicas
sobre la necesidad de crear un nuevo modelo de
comunicación nacional que permita que
el país se comunique entre si y no sólo
que los grandes consorcios de la información
comercial transmitan sus intereses.
10.- Finalmente,
así como desde el año del 2003
el Estado Mexicano y sus órganos de gobierno
cumplen con la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental
(LTAIPG), y a partir de ello, abrieron sus archivos
para que la sociedad conozca con detalle su proceder
en todos los niveles; ahora es indispensable
que la sociedad mexicana, basada en la norma
jurídica que señala que los medios
electrónicos de comunicación colectivos
emplean el espacio radioeléctrico, que
es un bien público, escaso, propiedad
de la nación, y que impactan sobre el
espacio público y el resto de la conformación
y actuación de la sociedad; demanden que
éstos expongan anualmente ante el Congreso
de la Unión un informe transparente donde
rindan cuentas a la nación sobre su funcionamiento
social y responsabilidad pública como
emisores.
Por todo ello,
al principio del nuevo milenio, la sociedad mexicana
y los Poderes Públicos de la República,
especialmente el Congreso de la Unión,
están ante la disyuntiva histórica
de aceptar caminar en los próximos años
hacia un proyecto de sociedad regido por la cabeza
mediática despótica autoritaria
de los oligopolios comunicativos privados que
se han formado en nuestro país, o aceptar
caminar hacia un proyecto de sociedad dirigido
por el cerebro de un moderno Estado Nación
Ciudadano para la Sobrevivencia Colectiva,
reformado por la creación de un nuevo
consenso y pacto jurídico tripartita nacional
de equilibrio entre medios, Estado y sociedad.
Notas:
1
Dictamen de la Iniciativa con Proyecto de Decreto
de Ley Federal de Radio y Televisión”,
Presentado por el Senador Héctor Osuna
Jaime, Comisiones Unidas de Comunicaciones, Gobernación
y Estudios Legislativos Para la Reforma de la
Ley Federal de Radio y Televisión, Senado
de la República, 30 de marzo del 2005.
2 Villanueva,
Ernesto, Medios electrónicos e información
pública, Periódico El Universal,
4 de abril del 2005, pagina A-30.
3 De hecho,
los artículos incorporados están
contenidos en el Reglamento del Servicio de Televisión
y Audio Restringidos de 2000, que establece en
sus artículos 23, 36, 39, 43 y 45 que
en la programación que se difunda a través
de redes serán aplicados los principios
de la Ley Federal de Radio y televisión.
Por consiguiente, es necesario dar a este reglamento
el sustento legal debido.
4 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
5 Corral Jurado,
Javier, Las Comisiones Unidas se reúnen
éste miércoles para dictaminar
la Ley de Radio y Televisión, Boletín
Informativo del Senado de la República,
México, D.F, 4 de abril del 2005; y Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
6 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
7 Villanueva,
Ernesto, Medios electrónicos e información
pública, Periódico El Universal,
4 de abril del 2005, pagina A-30.
8 Trejo Delarbre,
Raúl; Contrarreforma, Periódico
Crónica, México, D.F, 5 de abril
del 2005.
9 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
10 Villanueva,
Ernesto, Medios electrónicos e información
pública, Periódico El Universal,
4 de abril del 2005, pagina A-30.
11 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
12 Trejo
Delarbre, Raúl; Contrarreforma, Periódico
Crónica, México, D.F, 5 de abril
del 2005 y Vicencio Álvarez, Felipe de
Jesús y Corral Jurado, Javier, Comentarios
a la Propuesta del Senador Héctor Osuna
Jaime Sobre el Nuevo Dictamen de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Memorando
Interno, Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
13 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
14 Raymundo
Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio
Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org; y
Trejo Delarbre, Raúl, Contrarreforma,
Periódico Crónica, México,
D.F, 5 de abril del 2005.
15 Raymundo
Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio
Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org
16
Trejo Delarbre,
Raúl; Contrarreforma, Periódico
Crónica, México, D.F, 5 de abril
del 2005.
17 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier; Comentarios a la Propuesta del
Senador Osuna, Página Web del Senador
Corral, México, D.F, abril del 2005, www.senadorcorral.org
18 Raymundo
Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio
Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org y
Vicencio Álvarez, Felipe de Jesús
y Corral Jurado, Javier; Comentarios a la Propuesta
del Senador Osuna, Página Web del Senador
Corral, México, D.F, abril del 2005, www.senadorcorral.org
19 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005 y Raymundo
Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio
Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org
20 Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier; Comentarios a la Propuesta del
Senador Osuna, Página Web del Senador
Corral, México, D.F, abril del 2005, www.senadorcorral.org
21 Corral
Jurado, Javier, Las Comisiones Unidas se reúnen
éste miércoles para dictaminar
la Ley de Radio y Televisión, Boletín
Informativo del Senado de la República,
México, D.F, 4 de abril del 2005.
22 Becerril,
Andrea, Propondrán Reforma a Ley de Radio
y Televisión Menos Complaciente con Televisoras,
La Jornada, México, D.F, 3 de Abril del
2005; Raymundo Cárdenas, Felipe de Jesús
Vicencio Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org
23 Becerril,
Andrea, Propondrán reforma a Ley de Radio
y Televisión Menos complaciente con televisoras,
La Jornada, México, D.F, 3 de Abril del
2005; Raymundo Cárdenas, Felipe de Jesús
Vicencio Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org ;
Corral Jurado, Javier, Las Comisiones Unidas
se reúnen este miércoles para dictaminar
la Ley de Radio y Televisión, México,
D.F, 4 de abril del 2005, www.senadorcorral.org
; Agoniza la reforma a la Ley Federal de Radio
y Televisión: Senadores del PAN, La Jornada,
México, D.F, 7 de abril del 2005; Corral
Jurado, Javier, Es dictado, No dictamen, México,
D.F, 5 de abril del 2005; Alertan de retroceso
en Ley de Radio y TV, El Universal, México,
D.F, 11 de abril del 2005.
24 Corral
Jurado, Javier, ¿ Otro premio al autoritarismo
?, Columna Rotafolio, Periódico El Universal,
México, D.F, 19 de abril del 2005.
25 Corral
Jurado, Javier, ¿ Otro premio al autoritarismo
?, Columna Rotafolio, Periódico El Universal,
México, D.F, 19 de abril del 2005.
26
Corral Jurado, Javier, ¿ Otro premio al
autoritarismo ?, Columna Rotafolio, Periódico
El Universal, México, D.F, 19 de abril
del 2005.
27 Raymundo
Cárdenas, Felipe de Jesús Vicencio
Álvares, Manuel Bartlett Díaz,
César Raúl Ojeda Zubieta, Rutilio
Cruz Escandón Cadenas y Javier Corral
Jurado (Senadores), Manifiesto a la Opinión
Pública de la Subcomisión Para
el Estudio y Análisis de la Nueva Ley
Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org ;
Presentan proyecto de Ley de Radio y TV, La Jornada,
México, D.F, 31 de marzo del 2005; Modifican
la propuesta para la Ley de Radio, Periódico
Reforma, México, D.F, 30 de marzo del
2005.
28 Granados
Chapa, Miguel Ángel, TV, trampa conservadora,
Periódico Reforma, 6 de abril el 2005.
29 Villamil,
Genaro, Contragolpe de Televisa en radio y televisión,
Revista Proceso No. 1483, Revista de Información
y Análisis, México, D.F, 3 de abril
del 2005.
30 Villanueva,
Ernesto, Medios electrónicos e información
pública, Periódico El Universal,
4 de abril del 2005, pagina A-30.
31 Villamil,
Genaro, Contragolpe de Televisa en radio y televisión,
Revista Proceso No. 1483, Revista de Información
y Análisis, México, D.F, 3 de abril
del 2005; Raymundo Cárdenas, Felipe de
Jesús Vicencio Álvares, Manuel
Bartlett Díaz, César Raúl
Ojeda Zubieta, Rutilio Cruz Escandón Cadenas
y Javier Corral Jurado (Senadores), Manifiesto
a la Opinión Pública de la Subcomisión
Para el Estudio y Análisis de la Nueva
Ley Federal de Radio y Televisión, Comisión
de Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión,
LIX Legislatura, H. Senado de la República,
Congreso de la Unión, México, D.F,
8 de abril del 2005, www.senadorcorral.org y
Becerril, Andrea, Propondrán reforma a
Ley de Radio y Televisión Menos complaciente
con televisoras, La Jornada, México, D.F,
3 de Abril del 2005.
32.- Vicencio
Álvarez, Felipe de Jesús y Corral
Jurado, Javier, Comentarios a la Propuesta del
Senador Héctor Osuna Jaime Sobre el Nuevo
Dictamen de la Nueva Ley Federal de Radio y Televisión,
Memorando Interno, Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN), Senado de la República,
México, D.F, 15 abril del 2005.
33 Villamil,
Genaro, Contragolpe de Televisa en radio y televisión,
Revista Proceso No. 1483, Revista de Información
y Análisis, México, D.F, 3 de abril
del 2005.
34 Corral
Jurado, Javier, Señor radiodifusor: No
se deje engañar por los directivos de
la CIRT, México, D.F, 3 de marzo del 2005,
www.senadorcorral.org y Chacón Juárez,
Manuel, Intereses detienen reformas electorales
en México, Periódico Zacatecas
Hoy, Zacatecas, México, 6 de junio del
2005.
35 Temen
cambio ficticio en la Ley de Radio y Televisión,
Periódico El Universal, México,
D.F, 5 de abril del 2005; Presentan proyecto
de Ley de Radio y TV, La Jornada, México,
D.F, 31 de marzo del 2005; Modifican la propuesta
para la Ley de Radio, Periódico Reforma,
México, D.F, 30 de marzo del 2005.
36 Alemán,
Ricardo, Radio y Televisión: La otra mirada,
Columna Itinerario Político, Periódico
El Universal, México, D.F, 5 de abril
del 2005.
37 Villamil,
Genaro, Contragolpe de Televisa en radio y televisión,
Revista Proceso, Semanario de Información
y análisis, 3 de México, D.F, abril
del 2005.
38
Temen cambio ficticio en la Ley de radio y televisión,
Periódico El Universal, México,
D.F, 5 de abril del 2005.
39 Trejo
Delarbre, Raúl, Poderes salvajes. Mediocracia
sin contrapesos, Editorial Cal y Arena, México,
D.F, México, D.F, 2004, pagina 31.
40 Arreola,
Federico; La Democratización de los medios,
en: Gobernabilidad Democrática: ¿
Qué Reforma Queremos ?, Manuel Camacho
Solís y Diego Valadés, Comisión
especial Para la Reforma del Estado, Cámara
de Diputados, LIX Legislatura y Instituto de
Investigaciones Jurídicas, Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM),
México, D.F, pagina 51.
41
Mirabal, Jorge, Panorama de la comunicación
en México, Discurso inaugural, XIII Encuentro
Nacional del CONEICC: Comunicación para
la Integración y la Paz, Consejo Nacional
Para la Enseñanza e Investigación
de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC)
y Universidad del Mayab, Mérida, Yucatán,
México, 1 al 3 de noviembre del 2005.
42 Fernández
Christlieb, Fátima, ¿ Y la Ley
de Radio y Televisión ?, Revista Proceso
No. 1486, Seminario de Información y Análisis,
México, D.F, 24 de abril del 2005, pagina
63.
43
Corral Jurado, Javier, ¿ Otro premio al
autoritarismo ?, Columna Rotafolio, Periódico
El Universal, México, D.F, 19 de abril
del 2005.
Referencias:
-
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- Arreola, Federico; La democratización
de los medios, en: Gobernabilidad Democrática:
¿ Qué Reforma Queremos ?, Manuel
Camacho Solís y Diego Valadés,
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Estado, Cámara de Diputados, LIX Legislatura
y Instituto de Investigaciones
Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma
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exige libertad de pensamiento y de expresión,
México, 3 de junio del 2005, www.senadorcorral.org
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Presentado por el Senador Héctor Osuna
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Ley Federal de Radio y Televisión, Senado
de la República, 30 de marzo del 2005.
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México, Discurso inaugural, XIII Encuentro
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la Integración y la Paz, Consejo Nacional
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y Universidad del Mayab, Mérida, Yucatán,
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la Reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión:
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D.F, 7 de abril del 2005.
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Columna Itinerario Político, Periódico
El Universal, México, D.F, 5 de abril
del 2005.
- Alertan
de retroceso en Ley de Radio y TV, El Universal,
México, D.F, 11 de abril del 2005;
- Becerril,
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y Televisión menos complaciente con televisoras,
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2005.
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El Universal, 17 de abril del 2005.
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México, D.F, 19 de abril del 2005.
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electorales en México, Periódico
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junio del 2005.
- Fernández
Christlieb, Fátima, ¿ Y la Ley
de Radio y Televisión ?, Revista Proceso
No. 1486, Seminario de Información y Análisis,
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63.
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- Modifican
la propuesta para la Ley de Radio, Periódico
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2005.
- Presentan
proyecto de Ley de Radio y TV, La Jornada, México,
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cambio ficticio en la Ley de Radio y Televisión,
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D.F, 5 de abril del 2005.
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Delarbre, Raúl; Contrarreforma, Periódico
Crónica, México, D.F, 5 de abril
del 2005.
- Villamil,
Genaro, Contragolpe de Televisa en radio y televisión,
Revista Proceso, Semanario de Información
y análisis, 3 de México, D.F, abril
del 2005.
- Villanueva,
Ernesto, Medios electrónicos e información
pública, Periódico El Universal,
4 de abril del 2005.
Dr.
Javier Esteinou Madrid
Investigador Titular del Departamento de Educación
y Comunicación de la Universidad
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,
México, D.F., México. |